Según difundió el matutino La Nación, en las próximas semanas el gobierno porteño comenzará el proceso de contratación de las tareas de saneamiento del terreno tomado hace casi 2 meses por 500 familias en Villa Lugano. Ése es el compromiso asumido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Justicia en lo contencioso administrativo local.
Desde el 24 de febrero el asentamiento no hizo más que crecer y consolidarse, según constató y señaló LA NACION en una recorrida: si bien todavía no hay construcciones de material, los habitantes de las casillas de madera y chapa ya cuentan con servicios de electricidad y agua. En el interior del barrio, al que los ocupantes bautizaron como Papa Francisco, funciona incluso un puesto de venta de verduras y frutas. Y varias embarazadas instaladas allí ya dieron a luz a los primeros bebés, según cuentan, contentos, los moradores.
Mientras, el desalojo ordenado y confirmado hace casi un mes por la Justicia penal de la ciudad está pendiente; por estos días, trabajan en el diseño del operativo las cúpulas de las fuerzas de seguridad federales y metropolitana. Luego, elevarán la propuesta a la magistrada María Gabriela López Iñíguez, que deberá fijar la fecha para el procedimiento.
Situado en Pola y Fernández de la Cruz, se encuentra el predio usurpado, en el que con anterioridad existía un cementerio de autos de la Policía Federal.
En el año 2005, la ley n° 1770 ordenó que fuera restituido al Estado porteño y que se urbanizara para entregar viviendas a familias vulnerables de la lindera villa 20. Antes, según estableció la misma ley, el terreno debía ser saneado por la contaminación procedente de los autos acopiados. Fue confirmada la presencia de metales pesados e hidrocarburos, potencialmente peligrosos para la salud.
Las demoras en cumplir con el mandato de la ley derivaron en un expediente judicial, hoy en manos de la jueza Elena Liberatori, en el que la Asesoría Tutelar exigió que el gobierno porteño agilizara la limpieza de la tierra y la construcción de las viviendas sociales. Ante la inacción oficial, el 24 de febrero pasado unas 500 familias tomaron el predio. La mayoría de ellas alquilan piezas en la villa 20 por entre 800 y 1500 pesos, y reclaman una solución habitacional para poder acceder a una casa propia.
La usurpación aceleró la causa que impulsa la Asesoría Tutelar, y paralelamente se abrió otra en el fuero penal por la usurpación. En esta última, los fiscales liderados por Martín Ocampo investigan la actuación de un grupo de supuestos cabecillas de la toma que habrían comercializado lotes dentro del terreno.
"Nos comprometimos ante la Justicia a comenzar con la contratación de las tareas de saneamiento. No se podrá adjudicar hasta que no se desocupe el lugar", dijo a LA NACION el procurador general porteño, Julio Conte Grand. Agregó que la Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la ciudad se encargará de licitar.
El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se ofreció a realizar un nuevo censo en la villa 20 para identificar a las familias más necesitadas y darles prioridad entre los futuros beneficiarios de las viviendas por construirse en Pola y Fernández de la Cruz. En las próximas horas, funcionarios de la Ciudad se reunirán con el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, para consensuar cómo se desarrollarán las entrevistas correspondientes.
Consultadas, fuentes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, del que depende la APRA, sostuvieron que si bien hay informes que sugieren cuáles serían los lineamientos de la remediación, la confección de los pliegos de contratación todavía no empezó.
Los ocupantes habían solicitado a la jueza que la remediación se efectuara por sectores, de modo de ir rotando las casillas, pues se niegan a abandonar el terreno. "Tenemos nuestro propio estudio elaborado por la Facultad de Ciencias Exactas. Solamente están contaminadas las franjas del perímetro", dijo a LA NACION Emanuel Ríos, uno de los delegados del asentamiento, aunque no exhibió el informe. Ríos es uno de los investigados como probable organizador de la toma.
Varios habitantes del barrio Papa Francisco se hicieron eco de las palabras de Ríos y relativizaron el nivel de contaminación existente. Ninguno quiere abandonar el lugar y se muestran dispuestos a resistir. Poseen luz y hay canillas comunitarias de agua corriente distribuidas entre los lotes.
Otros detalles sugieren que la usurpación está cada vez más consolidada. Una familia que tiene verdulería dentro de la villa 20 habilitó la venta de frutas y verduras en el entorno de la casilla que ocupa en el asentamiento. Y médicos del cercano Centro de Salud N°18 recorren el predio para brindar asistencia directa.
Fte: La Nación
Redacción: Libralato Romina
publicación: 15 de abril de 2014 - caracteres 4998 |