Presentaron un proyecto desde la Defensoría del Pueblo para extender subsidios a los desalojados del barrio “Papa Francisco”, ubicado en Villa Lugano, perteneciente a la Comuna 8 Porteña.

Según difundió la Agencia de noticias SE Télam, el proyecto presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó un proyecto de ampliación a la ley 1.770, que prevé la urbanización de la villa 20 del barrio Villa Lugano, para que se extiendan los subsidios que reciben las familias desalojadas del predio denominado "Papa Francisco", hasta que el gobierno porteño cumpla con el plazo que le dio la jueza para concretar esa urbanización.

La iniciativa propone extender hasta diciembre del año 2015 los subsidios destinados a proveer una solución habitacional a las familias desalojadas que, de acuerdo al censo efectuado en mayo pasado, eran unas 700.

Livia Ritondo, subsecretaría de Derechos Sociales de la Defensoría, explicó a Télam que "la mayoría de las familias desalojadas ya no está en los paradores, algunos fueron a las carpas que siguen instaladas frente al predio desalojado, otros recibieron subsidios y alquilan piezas de hoteles". Y aseguró  "pero estos subsidios se cortan a los diez meses y por lo menos faltan 15 meses, de acuerdo al plazo que le dio la jueza Liberatori al gobierno de la Ciudad, para que el gobierno porteño realice las obras de urbanización en la villa 20".

 Al momento del desalojo, ocurrido el 24 de agosto del corriente año, se alojaron a las familias en tres paradores, Parque Pereyra, Parque Avellaneda y Parque Chacabuco y muchos niños perdieron su escolaridad durante varias semanas, mientras los adultos mayores debieron realizar los trámites para obtener otra vez su medicación tras la pérdida sufrida durante la violenta desocupación.

 El defensor del Pueblo Alejandro Amor, expresó su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que quedaron las familias desalojadas, que “se encuentran en situación de calle por la falta de previsión del Gobierno de la Ciudad".

 El Defensor explicó "Los paradores no son una solución. El Ejecutivo local tiene que actuar de inmediato para brindarles una salida habitacional definitiva. Estas familias son víctimas del desamparo y de los delincuentes que lucraron con sus necesidades al construir y alquilar viviendas en tierras del Estado.”.

 Las familias recibieron un subsidio total de $18.000  en diez cuotas y "generalmente cobran algunas y después se les corta, por eso queremos una modificación en la ley que obligue a la Ciudad a pagar el subsidio hasta que urbanice la villa 20".

 El proyecto, propone además que se exija a los beneficiarios efectuar controles periódicos de salud y desarrollo nutricional a embarazadas y menores, y cumplir con la asistencia y permanencia en la escuela, como condición determinante para percibir el subsidio.

 "El desalojo fue desprolijo no se contempló la situación de la escolaridad de los niños ni de los discapacitados que estaban en el predio", aseguró Ritondo.

 En este sentido, la dirigente mencionó a una mujer discapacitada y sus hijos que viven en una pieza de hotel, asistida por la Defensoría por su situación de vulnerabilidad, que no pudo todavía enviar a los niños a la escuela.

Fte: GCBA
Redacción / Edición: Libralato Romina
publicación: 20 de septiembre de 2014 - caracteres 3240